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Aporte a salud y sin pensión
Escrito por eldia | Jueves, 11 de Diciembre de 2008 12:10
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El Consejo de Estado falló tutela, y desde ahora una persona que se declare en incapacidad económica no está en la obligación de hacer aportes a pensión como lo exige la nueva Planilla de Liquidación de Aportes PILA.
 
La sección cuarta del Consejo de Estado determinó que “el pago de los aportes en salud mediante la PILA, mecanismo que exige simultáneamente cotizaciones para pensión, no puede desconocer el derecho a la salud a una trabajadora independiente de bajos ingresos, con la imposición de una carga adicional que restringe el acceso al mencionado derecho y, en razón de ello, pone en riesgo la vida.

El fallo fue favorable, cuando se presentó una mujer cabeza de familia y madre de tres hijos que no recibió atención por no estar cotizando pensión pese a estar al día con sus aportes en salud.

En una investigación realizada del caso se confirmó, que la señora afectada no cuenta con los recursos suficientes para pagar pensión, situación que viven miles colombianos que sobreviven con un salario mínimo y cuyo aporte obligatorio equivaldría a la suma de $131.540, un monto exagerado al SMLV ($464.000), que no suple las necesidades básicas de la población.

Era lo mas procedente que la Corte fallara la tutela a favor de todos los trabajadores independientes que no pueden pagar pensión, ahora bien, lo que se debe hacer es entregar una declaración sobre su ingreso base de cotización (IBC), documento con el que puede demostrar que sus ingresos no le permiten aportar en pensiones, así se beneficiará.

La EPS a la que pertenece ésta usuaria deberá proporcionar la planilla de autoliquidación y habilite un sistema que le permita hacer los aportes a salud sin ninguna complicación, así podrá ser atendida con hijos sin ningún restricción.
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Por Semanario Voz

Incumplen acuerdo Obama-Santos

Las empresas palmeras de Puerto Wilches en el departamento de Santander aplican una estrategia para obviar las exigencias del Tratado de Libre Comercio, TLC, y el acuerdo Obama-Santos: someten a centenares de trabajadores a una tercerización represiva y a despidos injustificados.

Para la firma del TLC, Estados Unidos impuso una serie de condiciones de respeto a los derechos laborales a Colombia. En lo relacionado con los biocombustibles se constituyó la empresa Ecodiesel Colombia, con 50 por ciento de las palmeras que se asociaron para la producción del fruto de palma, más el 50 por ciento de Ecopetrol. Unión casi necesaria pues estas se habían limitado por años a la industria alimenticia; muchas de ellas se dedicaban a la obtención de aceite de cocina o la base de palmiste para las chocolatinas y otros alimentos.

Para dar cumplimiento a ese objetivo las empresas Monterrey, Brisas, Bucarelia, Agrícola del Norte e Indupalma realizan un ejercicio que les permita la consecución de todo el fruto de palma necesario para la producción de biodiesel, incluido lo que se exporta. Por normativa, estarían obligadas a contratar personal directo.

Sin embargo, el fin de semana pasado en un Foro Nacional en Bucaramanga quedó en evidencia que no cumplen con las disposiciones. Monterrey inició un proceso donde a 80 trabajadores por constreñimiento los obligó al retiro voluntario. Desde ese momento, la empresa se quedó con un número reducido de trabajadores en planta que no pasa los 25. De esta manera, pretendía acabar con el sindicato Sintrapalmas.

Teniendo como antecedente el paro de los trabajadores tercerizados en 2011, que llevó a la firma de un acuerdo que garantiza la estabilidad o el empleo directo, Brisas optó por argumentar crisis económica a raíz de la pudrición del cogollo y determinó su liquidación definitiva. Así logró que salieran 180 trabajadores.

Pero no es más que una argucia, ya que algunos aseguran que quien da la orden de liquidación es la Supersociedades, la misma que le autorizó, a través de una SAS propiedad del mismo gerente de la compañía, conseguir a los 200 trabajadores indirectos que actualmente tiene. El Ministerio del Trabajo no interviene porque esta acción obedece a una orden de la Supersociedades.

Por otra parte, la empresa Bucarelia despidió a 26 trabajadores, suspendió el contrato por 120 días a 64 de ellos, incluidos algunos con fuero sindical, y al mismo tiempo utilizó un embeleco, comprometiéndose con el Ministerio de Trabajo a formalizar 45 de los 600 tercerizados. El mecanismo está sustentando en una resolución del ICA que determina en casos de pudrición del cogollo un cambio de toda la plantación con subsidios del Estado.

Agrícola del Norte también solicitó liquidación para deshacerse de todo su personal. Utiliza la misma metodología y termina en tercerización. Indupalma -la empresa más grande de la región- informó en la última reunión que, como se encuentra en proceso de investigación con el Ministerio, tiene 36 cooperativas que implicarían una multa de hasta 35 mil salarios mínimos según la normativa. Si se hace efectiva la multa, entrará a liquidación y, por ende, al despido de todos sus trabajadores.

Desde la vigencia del TLC, el Ministerio del Trabajo ejerce un control a través de la directora de Proyectos, que es estadounidense pero funcionaria en Colombia, y está encargada de controlar el acuerdo. De ahí viene un seguimiento que terminó en los anteriores descubrimientos, los cuales podrían significar una revisión al TLC por parte de los congresistas norteamericanos.

 

El pasado 17 de marzo fueron detenidos varios campesinos del Municipio de Leiva departamento de Nariño, quienes participaron en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular realizado el año pasado. Muchos de ellos hacen parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño –ASTRACAN- Subdirectiva Leiva, filial de FENSUAGRO. 
Entre los detenidos se encuentra Luis Ever Bolaños, ex candidato a la cámara de representantes por Nariño de la Unión Patriótica UP, un reconocido líder campesino nariñense, que meses antes había sufrido una serie de señalamientos por parte dela fuerza pública, debido a su actividad comunitaria, política y social. 
La Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano, dialogo con Estela Cepeda, una reconocida líder de la Unión Patriótica del departamento de Nariño y Edgar Montilla, abogado que lleva el caso de Luis Ever Bolaños.

http://www.ivoox.com/persecucion-politica-contra-lideres-campesinos-narino-audios-mp3_rf_3011322_1.html