Bajo el argumento de la defensa de la vida, el Presidente Álvaro Uribe pretende utilizar a mil jóvenes como informantes en los barrios de la capital antioqueña en una lucha polarizante, arriesgada y estigmatizante.  

 

Un lineamiento ligado a la sistemática vulneración de derechos humanos, producto de la mano dura uribista que más que erradicar grupos armados y delincuenciales ha fomentado el terror en sectores vulnerables y estratégicos de la población.

En estos siete años se han incrementado las amenazas y torturas a los defensores de derechos humanos, lideres sindicales, opositores al gobierno actual y a los jóvenes universitarios que han visto amenazadas las instalaciones y la comunidad educativa con la persecución de la fuerza pública en respuesta de la política guerrerista de Álvaro Uribe.

Entonces, ¿Qué espera nuestro mandatario de los jóvenes colombianos? Una red de informantes que arriesga su vida, que simplifica su participación en el desarrollo de un país a “sapear” a otros jóvenes o personas que consideran peligrosas para el orden de su localidad, de su ciudad, su país por cien mil pesos mensuales.

Una red de informantes que surge de la iniciativa del gobierno en el 2003, otra delas medidas transitorias que llegaron para quedarse y que hoy busca utilizar como escudo y comodín a los jóvenes colombianos, ya que de permitir la ejecución de esta estrategia de militarización en Medellín la tendremos en todo el territorio nacional.

Una  imposición uribista que va en contra de las comunidades, los padres de familia, la academia, las organizaciones en defensa de los derechos humanos, entre ellas el Tribunal de Infancia que en un inició afirmó que la medida violaba el Derecho Internacional Humanitario DIH y varias convenciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre protección de menores de edad, logrando dos precisiones sobre la marcha de parte del presidente, jóvenes mayores de edad y parte la comunidad. Esta es la idea de participación de la juventud en el Estado liderado por el presidente actual.

Ahora cabe cuestionar: ¿Cuál es la visión de nuestros políticos frente al futuro y al presente de nuestro país, frente a nuestro jóvenes?, ¿En qué se prefiere invertir, en una red de informantes, de ciudadanos colocados en medio de un conflicto armado, ó en la inclusión y acceso a la educación superior?, que a propósito esta penando por falta de recursos.

Más importante que lo anterior, es preguntarnos qué elegimos los colombianos, una política de seguridad para las ciudades a costa de la vida y seguridad de nuestros hijos, hermanos, de nosotros mismos; o una posibilidad de cambio, de políticas más sostenibles sociales e incluyentes, menos guerreristas, menos temibles.

Los jóvenes colombianos que conocen su accionar en el país, rechazaron esta medida autoritaria y ya anunciaron movilizaciones, acompáñelos y hágase presente mañana 29 de enero en la Plaza Bolívar a las tres de la tarde. Tomando la voz a Uribe “es un deber denunciar”, así como los ciudadanos sabemos que es un derecho protestar.