En su informe anual Human Rights Watch destaca la situación crítica de los Derechos Humanos en Colombia. Responsables el Estado, las organizaciones insurgentes y los grupos paramilitares.

 

El informe parte del reconocimiento de la existencia de un conflicto interno en Colombia donde la totalidad de los actores se encuentran involucrados en situaciones que afectan los Derechos Humanos de los Colombianos. Entre estos se encuentran el Estado, las organizaciones guerrilleras y los “sucesores” de los grupos paramilitares.

Según la organización las principales victimas de las amenazas y de las acciones de estos grupos son “los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, sindicalistas, líderes indígenas y afrocolombianos, líderes de personas desplazadas y las víctimas de paramilitares que exigen justicia o la restitución de tierras”.

En los casos de abusos y ataques a los Derechos Humanos se destaca en particular el caso de la comunidad indígena Awá  en el departamento de Nariño, donde se presentaron varios asesinatos y masacres contra esta comunidad. Otra situación que se destaca en el informe tiene que ver con la utilización de minas antipersonales, en el país 109 personas resultaron heridas y 32 perdieron la vida.

Respecto a los paramilitares se señala que “El gobierno de Uribe sostiene que ya no existen paramilitares. Sin embargo, si bien más de 30.000 personas participaron en un proceso de desmovilización paramilitar, existen evidencias que demuestran que muchas de ellas no eran paramilitares. Otros nunca se desmovilizaron, y algunos retomaron sus actividades delictivas luego de la desmovilización. La mayoría de estas personas nunca fueron investigadas”. Es decir el problema del paramilitarismo continúa.

Acerca de las acciones del gobierno las criticas más fuertes tienen que ver con la llamada parapolítica, recordemos que más de 80 congresistas y senadores han sido investigados y condenados por este caso, de los cuales casi todos pertenecen a la coalición de gobierno. Ha sido la Corte Suprema de Colombia la que ha desarrollado estas investigaciones y es el ejecutivo el que de diversas maneras ha tratado de bloquear esta iniciativa, recordemos los ataques del presidente a los miembros de la Corte.

Otro aspecto presente en el informe, en relación con el Estado,  tiene que ver con “las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación sobre militares de alto rango y empresarios que habrían colaborado con los paramilitares han avanzado lentamente” recordemos el caso de Chiquita Brands y el caso de los jóvenes de Soacha donde los militares salen libres por vencimiento de términos.

En relación a la violencia contra sindicalistas, las cifras no son las mismas de la década de los noventa, sin embargo el informe dice “la impunidad respecto de estos casos es generalizada: en casi el 95 por ciento de las muertes no se ha llegado a una condena y los asesinos continúan en libertad”.

Mientras esto sucede los asesores del Presidente Álvaro Uribe continúan promoviendo el referéndum que permita un tercer mandato del continuismo en violación de derechos humanos.