El nuevo acuerdo que deja tranquilos a los gamonales

Diálogos

 

Más de 6 millones de hectáreas despojadas durante el conflicto armado colombiano quedaron en manos de los que se denominan “terceros de buena fe”.

Por: Ariel Ávila. Cararcol

El analista y columnista Ariel Ávila. Foto: Internet

 

No diría que el Nuevo Acuerdo de Paz es mejor que el anterior, en cambio diría que el Nuevo Acuerdo es el mejor posible dentro del escenario político que dejo la victoria del NO el 2 de octubre de 2016. En términos estrictos el nuevo documento contiene una serie de aclaraciones, precisiones y sobre todo de salvedades. Estas últimas, se hicieron para dejar tranquilos a los del NO o al menos a un sector. 

 

Algo que llamó la atención en las más de 400 propuestas que llevaron los del No a la negociación con el gobierno, es que muchas de las cosas que pedían no habían sido mencionadas en campaña. De hecho, eran cosas que beneficiaban solo a un pequeño sector de la sociedad, aquellos que siempre han gobernado y que han vivido de estafar el Estado y a los desamparados.

 

Por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos en la alocución del sábado pasado, dijo que el Catastro Rural es fundamental para el proceso de formalización de la tierra, pero por sí mismo no modificará los avalúos de las tierras. Además, dijo el presidente, que en virtud del Nuevo Acuerdo no se autorizarán zonas de reserva campesina más allá de seguir los trámites que establece la normatividad vigente.

 

Colombia lleva años sin la actualización del catastro rural y en muchos municipios del país, en la medida que los ganaderos y grandes tenedores de tierra son los que financian campañas y en algunos casos son alcaldes, impiden la actualización del avalúo catastral para evitar pagar impuestos.

 

Al menos seis millones de hectáreas de tierras fueron despojadas a los campesinos por empresarios, terratenientes, latifundistas, narcotraficantes, ganaderos, palmeros, etc., con la perversa estrategia paramilitar. Foto: El País. 

 

Estos gamonales además de no gustarles pagar impuestos y evadirlos lo que realmente querían era que el acuerdo de paz saliera gratis. Fue tan dura su posición que incluso quería que el Nuevo Acuerdo retrocediera avances de la Constitución del 91. Querían incluso, modificar el concepto de expropiación que lleva vigente en la ley décadas.

 

Igualmente se debió establecer en el Nuevo Acuerdo, que nada de lo establecido debe afectar el derecho a la propiedad privada. De hecho, esto era algo claro en el viejo Acuerdo de Cartagena, el cual respetaba la propiedad privada.

 

El fundamento del Desarrollo Rural Integral era la formalización de la propiedad de los poseedores rurales, y formalización significa entregar título de propiedad y eso es propiedad privada que es la madre del Capitalismo, por ningún lado había Castro-Chavismo o Comunismo. Aun así fue la bandera de los del No, la cual llevó a la radicalización de los sectores rurales de la gran propiedad y en el nuevo Acuerdo se debió especificar de nuevo.

 

Lo más complicado del asunto es que la campaña del No se basó en una serie de mentiras y de inamovibles públicos que lo que ocultaban era, nuevamente, el favorecimiento de un sector minoritario de la gran propiedad de la ruralidad. Es decir, las motivaciones reales del No durante la campaña no fueron públicas. El No quería, en la renegociación, volver a la Constitución de 1986 y regresarnos un siglo en avances de derechos a los más desfavorecidos.

 

Todas las peticiones del No coinciden con el proyecto de ley presentado por la Senadora Nohora Tovar del Centro Democrático. El proyecto fue el 157 de 2016 que buscaba formalizar la tierra “adquirida de buena Fe”, es decir legalizar el despojo. Un proyecto de ley que al propio gobierno le causo repulsión.

 

El gran tema es que los más de 6 millones de hectáreas despojadas durante el conflicto armado colombiano quedaron en manos de los que se denominan “terceros de buena fe”, es decir, personas que están en la legalidad, ya sean empresarios o políticos como el Magistrado Pretel quien está en líos judiciales por dos fincas de desplazados.

 

Por eso fue que, además, un sector del empresariado pidió que a excepción de los crímenes graves en los demás casos la Justicia Transicional no los debía tener en cuenta y podían quedar fuera de cualquier proceso judicial. En la vida real, lo que pasó fue que muchos ciudadanos sirvieron como idiotas útiles para beneficiar sectores que se han visto beneficiados de la guerra. Así que no es un mejor acuerdo, es el mejor acuerdo posible luego de la victoria del No. 

 

Tomado de: http://caracol.com.co/radio/2016/11/15/nacional/1479230017_270716.html