| Sábado 28 de Febrero de 2015

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Precio del arroz en Colombia por las nubes y se vende “amarrado”

 

Ni la amenaza del Gobierno para que baje o baje el precio del arroz ha frenado la especulación que hay con este alimento, por una supuesta escasez, al punto que tanto a comerciantes minoristas como a los consumidores se les está exigiendo que deben comprar otros productos para conseguir el cereal.

En su cuenta de Twitter el propio Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, denunció que “algunas tiendas obligan a consumidores a comprar otros productos para venderles arroz”, y advirtió que ese tipo de ventas “atadas” son ilegales.  A través de esa red social, el funcionario también aseguró que “si alguna tienda es descubierta vendiendo arroz en venta atada a otro producto será drásticamente sancionada”.

Se constató que la venta amarrada a los consumidores igualmente la padecen los tenderos de barrio, pues durante la semana anterior representantes comerciales de algunas marcas de arroz ofrecieron este producto, pero con la condición de que el pequeño negociante también debía adquirir un lote de aceite. Como si fuera poco la semana pasada cuando se denunció que el precio del arroz en lo corrido de este año había aumentado un 50 por ciento, para la venta al por mayor en Medellín, y estaba a 39.000 pesos la arroba, este valor se ubicó el fin de semana en 40.600 pesos, es decir siguió aumentando según la lista de precios diaria de la Mayorista.

Así las cosas el ultimátum del pasado jueves por parte del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, para que los especuladores dejaran de hacer su agosto con el arroz, resultó intrascendente.  Sobre las causas de esta situación el ministro explicó que “tengo carta de Fedearroz e Induarroz (gremios de productores) que dice que hay suficiente producto. Esto es cuestión de unos cuantos comerciantes que solamente quieren valorizar su inventario para generar esos precios y es algo inaudito”.

Asunto de soberanía

La academia terció en el tema del arroz afirmando que los anuncios gubernamentales de importar unas 80.000 toneladas del producto este año (de Estados Unidos y Ecuador), obedece más a medidas revanchistas que a las consecuencias del cambio climático. Para Héctor Fabio Ramos, profesor y agrónomo de la Universidad Nacional, lo que ocurre es que “simplemente no les compran el arroz a los colombianos y lo importan más barato, una medida con la que al final se va perdiendo soberanía alimentaria en el cultivo de este cereal”.

El catedrático añadió que Colombia siempre ha sido autosuficiente en la producción de arroz, pues se cultivan entre 460.000 y 500.000 hectáreas en Huila, Tolima, el Caribe y los Llanos, las principales zonas productoras.

Aplicarán Sanciones

 

El Ministerio de Agricultura reveló la semana anterior que en Pereira la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en asocio con la Casa del Consumidor y la Alcaldía, luego de realizar quince visitas de inspección a establecimientos públicos, ordenó levantar resolución mediante formulación de cargos por las ventas atadas de arroz a cuatro supermercados que han sido señalados de provocar especulación del producto. “No existe justificación alguna para el incremento de precios del arroz”, sostuvo el despacho oficial, que denunció que en las últimas tres semanas se han hecho tres incrementos al consumidor.

INTERSINDICAL DE LA AGRO-INDUSTRIA Y LA ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA 2015

Se inició en la ciudad de puerto wilches, Santander los días 20, 21 y 22 de febrero la reunión de la intersindical de la agroindustria y la alimentación en Colombia, esta reunión se realiza con el fin de definir políticas de unidad y acción de lucha del movimiento sindical de la agroindustria en Colombia, se analizan temas de coyuntura política internacional e internacional, el proceso de paz que se lleva a cabo en la habana, construcción del frente amplio para la paz, la soberanía y el espacio así como temas de  geopolítica.

 

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LA RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS COLOMBIANOS
nacional  | Miércoles, 18 de Febrero de 2015 13:08

 

RED-INSPP continúa en solidaridad con nuestra

compañera Liliany Obando y exigiendo su libertad y la revisión de su
caso, por tratarse de un caso montado sobre pruebas totalmente ilegales
y que se circunscribe dentro de la lógica de los montajes judiciales
para asfixiar a la oposición política de izquierda en Colombia.  Los/as
invitamos a solidarizarse también con esta justa causa.

Tierra, territorio, cultura e interculturalidad
nacional  | Martes, 17 de Febrero de 2015 16:59

Por Húberth Ballesteros


Dirigente campesino de Fensuagro y de la Marcha Patriótica. Miembro del Comité Ejecutivo de la CUT. Prisionero político en la cárcel La Picota de Bogotá.


• Privatización de la justicia y mercantilización de las prisiones

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• Que este día recupere su sentido de clase

+ en Colombia

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Temas relacionados

Movimiento campesino

Cuatro aspectos esenciales para entender las relaciones de tres grupos sociales distintos, que comparten la problemática rural y en ocasiones conviven en un mismo territorio. Problemática rural, que por supuesto va más allá de lo agropecuario y que involucra no solo a estos tres grupos de población.

El tema de la tierra y el derecho de propiedad, uso, tenencia o usufructo sobre ella, ha estado presente desde antes de la llegada de los europeos a América.

Con la llegada de los españoles, se desconocieron los derechos de propiedad sobre la tierra de los nativos y se da inicio a una tradición de la propiedad mediante cédulas y mercedes reales.

La encomienda, la hacienda colonial y posteriormente los resguardos indígenas, fueron formas de propiedad y tenencia de la tierra que la corona española instauró durante todo el tiempo que duro la colonia.

El Libertador SIMON BOLIVAR durante su campaña de liberación y desde 1820 con el decreto del 20 de mayo del mismo año de Villa del Rosario (Cúcuta), ordenó no solo el reconocimiento de los resguardos de origen colonial sino la devolución de todas las tierras usurpadas mediante violencia o engaño a los nativos. De igual manera ordenó la abolición de la esclavitud y la distribución de las tierras que les habían sido confiscadas a los realistas y a los criollos que habían colaborado con ellos hasta último momento.

En los primeros años de la República los gobiernos liberales fueron proclives a la abolición de los resguardos, el más radical de ellos, el del General JOSE HILARIO LOPEZ. Tanto estos territorios como la población que en ella vivía, fue disputada por las facciones políticas que se enfrentaron en múltiples guerras civiles a lo largo del siglo XIX.

De esa manera y según la conveniencia política del momento, los resguardos indígenas fueron reconocidos o disueltos en cada etapa histórica. La ley 89 de 1890, se propuso reconocer los derechos de los pueblos indígenas tanto a su territorio de resguardos como a las formas de organización y autoridad propia.

Con base en disposiciones de la república, se reconocieron nuevos territorios de resguardo que se conocen como resguardos de origen republicano, sumándose estos a los reconocidos por la corona española y que se conocen como de origen colonial.

La primera mitad del siglo veinte fue bastante difícil para la existencia de los resguardos, disposiciones como el decreto 059 de 1944 del ministerio de la economía, abrió la posibilidad de titulación individual de las tierras de resguardo; y otras disposiciones de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, llevaron a la disolución practica de muchos de ellos.

La ley 21 de 1991, mediante la cual se reconocen las disposiciones de la OIT, sobre pueblos indígenas y la Constitución Política de ese mismo año, fortalecieron y dieron impulso a las reclamaciones de los pueblos indígenas por sus derechos territoriales y de la organización de su gobierno propio. De otro lado la Carta Constitucional de 1991, establece los derechos de las comunidades afrodescendientes en su artículo 55 transitorio, del cual se desprende en 1993 la ley 70. En ella se consignan los derechos territoriales y de organización de los consejos comunitarios de negritudes.

Los artículos 64, 65 y 66 de la constitución política de Colombia establecen los derechos del campesinado, a la tierra, producción de alimentos, educación, salud y el crédito agropecuario. Con base en estos preceptos constitucionales se expide la ley 160/1994 que consigna en sus artículos 81 y 82 el derecho de los campesinos a solicitar la creación de Zonas de reserva campesina ZRC.

El decreto 1777/1996, define el procedimiento para la creación de dichas zonas, haciendo posible que hoy existan en el país seis zonas legalmente constituidas y un número bastante grande de solicitudes para la creación de nuevas ZRC.

Como podemos ver, hoy existen de manera legal en el ordenamiento territorial del Estado, tres formas de territorio en el área rural del país, correspondiendo cada una a un grupo social distinto: Resguardos para pueblos y comunidades indígenas, Consejos Comunitarios para población afrodescendiente y Zonas de Reserva Campesina para la población campesina o mestiza.

La existencia de estas figuras ha permitido fortalecer la producción parcelaria y la cultura de estos tres sectores de la población rural; obviamente teniendo en cuenta las diferencias culturales, políticas y filosóficas que se presentan entre las tres y al interior de cada una de ellas. La exigencia de estos derechos después de 500 años de la llegada de los españoles se ha vuelto compleja, precisamente por las diferencias existentes. Diferencias de carácter natural he histórico unas y otras que han surgido en el tiempo, producto de desarrollos económicos y políticos diferentes.

El modelo económico colonial produjo el despojo y la negación de los derechos; primero de la población nativa, posteriormente de los esclavos negros y de los campesinos pobres.

Todo esto ocurrió mediante formas violentas de acumulación de la tierra, dejando a su paso millones de desterrados y de empobrecidos, producto del modelo económico heredado de la época colonial española cuyos rezagos se extienden hasta nuestros días.

La pérdida de los resguardos indígenas, unas veces por disposiciones legales otras mediante formas violentas, cambio el mapa tradicional de los asentamientos de los pueblos originarios. La esclavitud a la que fueron sometidos los negros y la servidumbre mediante el terraje y la aparcería a la que fueron obligados los mestizos, ha configurado a lo largo de la historia un escenario de pobreza generalizada de la población rural, que no ha podido ser resuelta en casi doscientos años de vida republicana.

Al echar una mirada al sector rural, encontramos que los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas y el menor nivel de ingreso per-cápita y por familia se encuentran allí.

El Estado colombiano, ha diseñado una serie de medidas políticas y sociales que solo han generado expectativas incumplidas y una mayor complejidad para el relacionamiento entre las comunidades que comparten un territorio o conviven en territorios aledaños.

El traslape generado o que se puede generar ante las pretensiones legítimas de cada grupo social frente a su derechos de territorio, no ha sido resuelto por la legislación colombiana, más bien parece que al gobierno le interesara atizar estas contradicciones entre pueblos indígenas, comunidades negras y campesinos con el propósito de no enfrentar el latifundismo y la inequitativa distribución de la tierra.

Estas contradicciones se ven en algunos casos y lugares, agudizadas por una mal comprendida y ejecutada autonomía; en unos casos de los Cabildos Indígenas y en otros de los Consejos Comunitarios.

Tan legítimos son los derechos de los unos como de los otros. Quizás puedan verse con mayor legitimidad los reclamos de los pueblos indígenas desde el punto de vista histórico, sin embargo y además de los títulos de origen colonial y republicano que sustentan sus reclamos, es importante valorar otros criterios como la función social, ambiental, económica y cultural de la propiedad.

Quinientos veinte dos (522) años de mestizaje, de desarrollo económico, cultural y de intervención del hombre sobre la naturaleza, han incidido sin lugar a dudas en la construcción de una sociedad diferente a la que se tenía a la llegada de los europeos.

Son muchos los cambios político-institucionales sucedidos en todo este tiempo, también muy profundas las transformaciones en lo económico, lo social y lo cultural; cambios no siempre positivos pero cambios al fin y al cabo que no debemos desconocer a la hora de proponer un modelo de ordenamiento del territorio que sea incluyente de los distintos grupos sociales que lo habitan.

Debemos tener en cuenta de la misma manera, que no se puede pensar lo rural aislado del resto de la sociedad, que el capitalismo es el modo de producción imperante y a este están subordinadas todas las formas de producción; por lo tanto un modelo de desarrollo rural diferente al actual, debe estar enmarcado en una propuesta que busque de igual manera generar cambios en el modo de producción.

Los territorios, no deben ser vistos como una porción de terreno con unos límites y unos accidentes geográficos; deben verse y entenderse en su multidimensionalidad y multifuncionalidad.

Una correcta comprensión de las dimensiones económicas, políticas, ambientales, culturales y sociales del territorio, unida al entendimiento de las múltiples funciones que cumple para el conjunto de la sociedad, seguramente nos ayudara a encontrar la fórmula más acertada de ordenamiento y convivencia al interior de él.

Las leyes 89/1890, 21/1991, 70/1993 y 160/1994 deben verse como instrumentos legítimos y válidos para el ordenamiento territorial de las comunidades rurales. Debemos interpretarlas como complementarias y no como opcionales o contradictorias.

Los Resguardos Indígenas, los Consejos Comunitarios y las Zonas de Reserva Campesina, deben ser partes de una propuesta integral de desarrollo rural que garantice la territorialidad, el respeto al medio ambiente y la soberanía alimentaria, constituyéndose en elementos claves para la paz. Debemos reconocer que por causa de estos reclamos justos, legítimos y legales por el territorio, han aparecido fricciones entre dos o más grupos que reclaman derechos sobre un mismo lugar. Desde el punto de vista legal, hasta hoy no ha sido posible resolver en favor de ninguno este litigio. Tan solo razones históricas, culturales y económicas se han planteado, todas válidas pero sin que planteen una solución que no ponga en desventaja al otro u otros grupos reclamantes.

Todas las soluciones expuestas hasta hoy de parte y parte, pretenden que se reconozcan sus derechos desconociendo e incluso violando los del otro. Por eso es necesario que mediante un proceso transparente, desprevenido, solidario e incluyente construyamos una figura que permita el desarrollo económico, social, ambiental, político y cultural de cada uno enmarcado en un todo.

Esta figura inexistente hasta el momento, debería ser la de los ¨territorios multiétnicos e interculturales¨.

Un paso inicial para la implementación de esta propuesta, debe ser la adopción de un manual de convivencia y gobierno intercultural. Este gobierno que debe permitir la participación de todos los grupos étnicos y sociales presentes en el territorio, debe además incluir formas organizativas específicas que se hayan desarrollado por parte de cualquiera de los grupos sociales que lo habitan. Me refiero a mujeres, jóvenes, productores, comerciantes etc.

Este gobierno intercultural, conformado a manera de consejo, asamblea o congreso tendrá la tarea de elaborar en un tiempo prudencial una propuesta de estructura administrativa del territorio, diferenciándose en ella los espacios de deliberación, decisión y ejecución. Cada una de estas instancias debe permitir una amplia participación de los sectores y formas organizativas presentes en el territorio.

Un segundo paso para la conformación del territorio interétnico e intercultural, debe ser la formulación y aprobación de un plan de vida del territorio. Este, al igual que la estructura administrativa, debe recoger e interpretar las diversas visiones que sobre la problemática de él tienen los distintos grupos sociales que lo habitan.

Para alcanzar este objetivo, es necesario tener una muy alta voluntad política, debemos superar concepciones estrechas tanto del economicismo campesino, como del etnocentrismo que se presenta en los pueblos indígenas como en las comunidades negras; una tarea compleja pero no imposible, si tenemos en cuenta que algunos países han logrado conformar Estados multinacionales donde conviven en paz y logran altos niveles en la calidad de vida o buen vivir. Estos ejemplos de convivencia y desarrollo en medio de las diferencias que se dan en muchos países, son muestras de que aquí lo podríamos lograr. Aquí no se trataría de diferencias profundas en lo que denominamos identidad nacional, en realidad son diferencias no antagónicas entre la visión política y económica del campesinado, con la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Eso sí, se requiere de parte de todos nosotros desprendernos de prejuicios raciales, económicos, filosóficos y hasta religiosos que pesan mucho a la hora de concretar la unidad.

Los territorios ¨interétnicos e interculturales¨ serán la experiencia más importante de unidad, tolerancia y desarrollo humano de que tengamos conocimiento en nuestro país, haciendo de las diferencias elementos que suman y enriquecen y no de contradicción o conflicto.

Serán un espacio para que las diferencias se vuelvan positivas, complementarias, verdaderos territorios de inclusión, democracia y paz. ¿Seremos capaces de construirlos? He aquí un gran reto para las organizaciones rurales que constituimos la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Bogotá Cárcel la Picota Noviembre 2 de 2014.

 

XI Congreso Nacional de Fensuagro
nacional  | Lunes, 16 de Febrero de 2015 20:40

 

“VAMOS POR LA PAZ,


LOS DERECHOS CAMPESINOS Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA”


Bogotá D.C. Junio 6, 7, 8 y 9 de 2015

 

“El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez está excomulgado”: Padre Jesuita Carlos Novoa
nacional  | Lunes, 09 de Febrero de 2015 14:45

En entrevista con el Primer Café de Canal Capital, el Padre Jesuita, profesor Titular y Doctor en Etica Teológica, Carlos Novoa, aseguró a la audiencia que Alejandro Ordóñez, el Procurador General de la Nación, esta excomulgado de la Iglesia Católica colombiana.

Novoa, indicó que hay un sector del catolicismo colombiano que es retardatario, plutónico y carrerista que está representado principalmente por el Procurador y otros políticos que han insistido en la confrontación armada.

Así mismo, Novoa, reafirmó la disposición de la Iglesia Católica en dialogar con las Farc y el ELN en el marco de un proceso que ha logrado interactuar con muchos sectores de Colombia y que en palabras de Novoa “el ELN tiene mucho que aportarle al discurso de la paz”.

Finalmente, el Padre Jesuita resaltó que la llegada al papado de Francisco, es un  nuevo tiempo de la Iglesia Católica para la discusión de los problemas actuales y vigentes de la humanidad y agregó que muchos gobernantes como Barack Obama practican el terrorismo de Estado cuando disponen las guerras de ocupación o las intervenciones colonialistas.

Programación Canal Capital

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 012
nacional  | Jueves, 05 de Febrero de 2015 20:16

 

POR DUBERNEY GALVIS


Los alimentos son un bien único, esencial para la supervivencia humana. Por ende el debate sobre seguridad alimentaria es superlativo. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO: "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana".

La definición está centrada en la disponibilidad, ligada a dónde se producen los alimentos (http://bit.ly/1Fj8PvQ), objetivo en riesgo cuando la idea dominante es que, mientras alguna parte del mundo los produzca lo demás es cuento de compra y venta, obviando el monopolio de las trasnacionales de los alimentos como Cargill, Kraf y Nestlé. Pero advierte la FAO que el promedio anual de "emergencias alimentarias prolongadas" ha doblado las cifras desde 1990 al 2010; es decir, a pesar de las existencias, millones de personas no disponen de alimentos. Es tan importante el asunto que, sobre la idea que un país no pueda cultivar sus alimentos, el expresidente George W. Bush opinó que "sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable" (TheFutureFarmers of America, Jul.27.01, Washington).

Entre tanto Colombia, tras 20 años de "libre comercio", importa 9 millones de toneladas más de alimentos que en 1990. Pasó de atender 90% de la demanda de producción agropecuaria a 60%. Insuficiencia alimentaria cercana al 30%. Importa más del 95% del trigo y la cebada, 75% del maíz, 90% del sorgo y la soya, y prácticamente todo el garbanzo, la arveja y la lenteja. Dependemos del extranjero para acceder a nueve de cada diez kilos de los principales cereales; que no es un problema cualquiera, por ejemplo, parte del meollo en el conflicto de Ucrania obedece a que es potencia en producción de cereales, el "chernozem", fértil tierra negra ucraniana, es considerado el granero de Europa y Rusia.

Las importaciones incluso empujan el Índice de Precios al Productor, en el 2014 incrementó 6,82% con respecto al 2013. Arruinan el trabajo y la producción nacional. Para ilustrar un caso; los potenciales trabajadores de viñedos nacionales abandonados ante las importaciones de uva, terminan en las calles de las ciudades con una carretilla vendiendo las uvas chilenas.

 

Urge entonces como lo han reclamado los productores en las protestas, un Estado con soberanía alimentaria, protegiendo la producción campesina y empresarial, con tierras a las que no le importen del extranjero lo que puedan producir.

El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT, en uso de las facultades conferidas en el artículo 22, literal D de los Estatutos y teniendo en cuenta que:

a. El actual Comité Ejecutivo Nacional ha cumplido su período estatutario

b. Estatutariamente debe desarrollarse la Asamblea Nacional Federal cada tres (3) años.

c. Se hace necesario analizar la compleja situación  que afronta la población Rural Colombiana de los trabajadores de la  agroindustria y del agro en general.  Así como la situación política, económica y social que vive el país.

d. Se debe actualizar las normas estatutarias acordes a las necesidades y realidades de nuestra Federación

e. La Federación requiere de la elaboración y actualización de sus líneas estratégicas y plan de acción para los próximos tres (3) años

f. Hay urgencia de determinar los órganos responsables de ejecutar las decisiones de la XI asamblea Nacional Federal

 

g. Emanar de la XI asamblea Federal todas aquellas decisiones que tengan por objeto garantizar el desarrollo de las conclusiones de la misma y el futuro general de la Federación.

 

tesis política

CONVOCATORIA XI CONGRESO

tesis organización

tesis política financiera

tesis mujer rural

tesis comunicación

tesis educadion

tesis soberanía alimentaria

tesis elementos sobre territorio y territorialidad

 

 

El domingo 11 de enero de 2.015, circulo en las primera horas del día en el casco Urbano, del Municipio del Castillo Meta un Panfleto con la insignia de la Séptima Brigada cuarta división del Ejército Nacional, en donde señala como milicianos del frente 26 de la FARC con nombre propio a personas reconocidas como dirigentes sociales y sindicales de este municipio, tal es el caso del campesino dirigente RAUL MORENO IBAGUE y BLADIMIR LOZANO PERDOMO, como también se mencionan otras personas conocidas en el Municipio como James, Ferney, Alberto, y otras personas con sobrenombres o apodos que en este panfleto se mencionan como alias Mechón y Chocolate.

 

Es importante resaltar que esta región ha sido una zona de alta confrontación armada entre el ejército y la insurgencia desde los orígenes del conflicto social y armado que vive nuestro país, la región del Alto Ariari sufrió el flagelo de la incursión paramilitar que durante los años entre el 2002 y 2008 dejo más de 238 personas asesinadas y desaparecidas, y que aún hoy siguen sucediendo hechos de persecución estigmatización contra la población civil situación que pone en zozobra a los pobladores de esta región ya que las secuelas del horror paramilitar con auspicio del ejercito continúan afectando a los campesinos de esta región.

 

Descarga aquí la denuncia